• La reducción de 8.000 a 2.000 euros de la cuantía deducible perjudicará a millones de autónomos y trabajadores de pymes

• Los instrumentos de previsión social complementaria permiten garantizarse una pensión de jubilación adecuada

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 rebaja de 8.000 euros a 2.000 euros los límites anuales de aportación a sistemas de previsión social individuales y también a los del cónyuge. Esto afectará negativamente al conjunto de la ciudadanía y, en especial, a los trabajadores autónomos.

18 asociaciones empresariales y profesionales estiman que debe mantenerse el tratamiento actual de los instrumentos de ahorro individuales de previsión social complementaria. Los firmantes de este manifiesto conjunto son ADECOSE, AEB, AEDAF, AMAEF, ASCRI, ATA, CECA, CEOE, CEPYME, la Confederación Española de Mutualidades, el Consejo General de Colegios de Mediadores, FECOR, el Instituto de Actuarios Españoles, el Instituto de Estudios Económicos, INVERCO, OCOPEN, UNACC y UNESPA.

En España hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi 1 millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados con carácter directo e inmediato por la medida. Muchos de ellos son trabajadores por cuenta propia o empleados de pymes.

En opinión de las entidades firmantes, la encomiable intención del Gobierno de impulsar la previsión social complementaria en el ámbito empresarial en España no debe realizarse a costa del ahorro que destinan por su cuenta los particulares a reforzar su futura pensión.

El ahorro individual para la jubilación es necesario por varias razones. La primera de ellas es la estructura del mercado laboral español. El establecimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social, relegando a los sistemas individuales que tendrían un límite notoriamente inferior, es discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española. Afectaría especialmente a las más de 3,2 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social; así como a los empleados de las pymes, en las que el ahorro colectivo apenas está presente. Se debe posibilitar a toda esta población ocupada que queda fuera de la previsión social empresarial que pueda acceder a sistemas de previsión individuales en las mismas condiciones y requisitos que cualquier otro trabajador.

El sistema individual seguirá siendo necesario e imprescindible para todos aquellos que, como los autónomos o los trabajadores de las pymes, no puedan acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas.

El segundo motivo por el que la reforma que propone el Gobierno puede tener efectos indeseados es la cuantía insuficiente de ahorro que se podría acumular dentro del sistema individual bajo los nuevos parámetros. A razón de 2.000 euros por año, un trabajador que no tuviera acceso a un plan de empleo podría acumular 80.000 euros si ahorra sistemáticamente durante 40 años de trayectoria profesional, más la rentabilidad que obtuviera este dinero. Si se prorratea este importe durante los 20 años de esperanza de vida que restan una vez alcanzada la edad de jubilación, el resultado es una cuantía media mensual insuficiente para complementar la pensión pública.

Un tercer elemento que hay que tener presente es la irregularidad de los ingresos del trabajo. Las crisis económicas son fenómenos cíclicos y se materializan varias veces a lo largo de la vida laboral de las personas, como demuestra la experiencia de las primeras dos décadas del siglo XXI. Por este motivo, debe permitirse a los trabajadores, especialmente aquellos que trabajan por cuenta propia, recuperar su capacidad de ahorro para la jubilación en los años en los que tienen estabilidad en sus ingresos. Los limites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral.

La experiencia internacional debe ser una referencia en la que debe mirarse España. En prácticamente todos los países de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) existen estímulos fiscales al ahorro y se conceden incentivos fiscales adicionales para la promoción y desarrollo de sistemas de previsión social, tanto empresariales como individuales. La reducción drástica de la fiscalidad de los sistemas individuales en España contravendría la clara tendencia internacional y europea de estimularlos.

Por último, desde el punto de vista de la Hacienda Pública, la fiscalidad de los sistemas de previsión social supone un mero diferimiento de la tributación. Es decir, su tratamiento fiscal no genera beneficios. La reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las aportaciones se compensa más adelante con la tributación como rendimiento de trabajo de las prestaciones. Por lo tanto, toda medida destinada a reducir ahora las deducciones fiscales por aportaciones a instrumentos individuales de previsión social complementaria derivará en una reducción de los ingresos fiscales del Estado en el medio y largo plazo.

Nota al editor:

ADECOSE es la Asociación Española de Corredurías de Seguros y Reaseguros. Es una asociación independiente, fundada en 1977 con el objetivo de defender los intereses de las corredurías de seguros, y también de reaseguros desde 2020. En total, agrupa a más de 152 empresas líderes del sector de la mediación, cuyo común denominador es su estructura empresarial y capacidad profesional. ADECOSE aglutina una cuota de mercado dentro del canal de corredor del 68%, con un volumen total de primas intermediadas de 7.400 millones de euros.

AEB es la Asociación Española de Banca (AEB). Es una asociación patronal abierta a todos los bancos españoles y extranjeros que operan en España. Aunque la afiliación es voluntaria, en la práctica la mayoría de los bancos instalados en España son miembros de la asociación. Ha estado comprometida con el desarrollo del sistema bancario español y con la contribución del mismo al crecimiento económico del país desde su creación en 1977.

AEDAF es la Asociación Española de Asesores Fiscales. Fundada en 1967, es una entidad que aporta valor a la sociedad y a los ciudadanos en su labor de asesoría y defensa del contribuyente, así como a las instituciones a través de su análisis y reflexión de las actuaciones públicas en materia fiscal, con el fin de mejorar el sistema tributario español. AEDAF es la mayor asociación de profesionales dedicados al asesoramiento tributario, agrupando en la actualidad a más de 3.500 abogados, economistas, licenciados en administración y dirección de empresas y titulados mercantiles y empresariales.

AMAEF es la Asociación para la Mediación Aseguradora de Entidades Financieras. Está integrada por 28 operadores de banca seguros, 1 agencia exclusiva y 1 correduría de seguros pertenecientes a distintas entidades financieras (bancos, cajas rurales y entidades financieras de crédito), La suma del negocio mediado por las redes de las entidades de crédito representadas en AMAEF alcanza la cifra de más de 23.000 millones de euros, representando más del 94% del total del sector banca-seguros de España. Su objetivo, como organización representativa de la mediación banco-aseguradora, es actuar como interlocutor ante la Administración y otros actores de los sectores económicos y sociales cuando se tratan temas relacionados con la distribución de seguros y planes de pensiones.

ASCRI es la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión. Es el organismo que representa a la industria del venture capital & private equity ante las autoridades, Gobierno, instituciones, inversores, empresarios y medios de comunicación. ASCRI agrupa a más de 142 firmas nacionales e internacionales de venture capital & private equity; unos 80 proveedores de servicios y 14 socios inversores (limited partners); difunde y garantiza los estándares profesionales entre sus miembros: la transparencia, las mejores prácticas y el buen gobierno”.

ATA es la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Actualmente es la mayor organización de este colectivo en España, con una representatividad acreditada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del 54% del total de autónomos. ATA tiene presencia en todas las comunidades autónomas. Su objetivo es la defensa de los intereses de los trabajadores por cuenta propia y cuenta con una amplia gama de servicios para sus socios. Integra más de 300 organizaciones sectoriales, que en conjunto representan a más de 440.000 autónomos.

CECA es la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros y los bancos creados por ellas y promueve la misión que desempeñan a través de su actividad financiera, su obra y acción social y la sostenibilidad.

CEOE es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Fue fundada en 1977 e integra con carácter voluntario a 3 millones de empresas y autónomos de todos los sectores de actividad, que se vinculan a CEOE a través de más de 4.500 asociaciones de base. La confederación integra de forma directa a 200 organizaciones territoriales y sectoriales a nivel autonómico y provincial. Se logra así que las empresas estén representadas por la doble vía del sector al que pertenecen y por el territorio en el que están ubicadas. CEOE representa a todo el espectro empresarial español (grandes, pequeñas y medianas empresas) y autónomos ante la sociedad, la Administración y los sindicatos.

CEPYME es la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Es una organización de carácter confederativo e intersectorial, de ámbito nacional, para la defensa, representación y fomento de los intereses de la pequeña y mediana empresa y del empresario autónomo.

Confederación Española de Mutualidades es el órgano de representación de las mutualidades de previsión en España. Asocia a más de 200 entidades, que agrupan a más de 2 millones de personas y trabaja en beneficio del mutualismo desde 1947.

Consejo General de Mediadores de Seguros es la corporación de derecho público que aglutina a 52 colegios profesionales distribuidos por todo el territorio nacional y cuenta con más de 7.000 miembros. Forma parte de las principales organizaciones internacionales de profesionales del sector como son BIPAR (Europa), COPAPROSE (América) y WFii (mundial). Cuenta con una escuela de negocios, CECAS, exclusivamente dedicada a la formación aseguradora.

FECOR es la Federación de Asociaciones de Corredores y Corredurías de España. Se creó hace más de 20 años con el objetivo de reforzar profesional e institucionalmente la figura del corredor de seguros. La diversidad de las asociaciones miembros de FECOR otorga a esta organización un expertise que le hace capaz de apoyar a las diferentes tipologías de corredurías con independencia del tamaño y características de las mismas. La comunicación entre asociaciones, la interrelación de todos los miembros, así como la transmisión de conocimientos en gestión de riesgos, son la base de esta federación.

Instituto de Actuarios Españoles, como corporación oficial de derecho público, de carácter científico y profesional de ámbito estatal, tiene como misión la regulación, representación, defensa y fomento de la profesión actuarial, así como la colaboración con organismos y autoridades de carácter nacional e internacional.

Instituto de Estudios Económicos es una asociación privada sin ánimo de lucro ni finalidad política, que se financia fundamentalmente mediante aportaciones anuales de las empresas que se han incorporado a la misma como miembros asociados, junto a los recursos que obtiene por la venta de sus publicaciones. A la financiación del instituto contribuyen también diversas ayudas concedidas por un conjunto de instituciones públicas y privadas para proyectos específicos de investigación o convenios de colaboración anual.

INVERCO es la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones. Agrupa a la práctica totalidad de las instituciones de inversión colectiva españolas (fondos y sociedades de inversión), a los fondos de pensiones españoles, y a las instituciones de inversión colectiva extranjeras registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a efectos de su comercialización en España, así como a diversos miembros asociados.

OCOPEN es la Organización de Consultores de Pensiones. Es una asociación profesional, sin ánimo de lucro fundada en 1987, que aglutina a empresas y profesionales de consultoría de pensiones, gestoras de fondos de pensiones y aseguradoras para el desarrollo y consolidación de la previsión social complementaria, aportando opiniones, recomendaciones y propuestas a las empresas, trabajadores, representantes sociales y responsables gubernamentales con el objetivo de fomentar el ahorro finalista para jubilación.

UNACC es la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Es la asociación más representativa del sector de las cooperativas de crédito en España. Constituida en 1970, reúne actualmente a 42 cooperativas de crédito y entre sus funciones está representar y defender los intereses generales de sus asociadas ante los organismos públicos e instituciones.

UNESPA es la Unión Española de Aseguradoras y Reaseguradoras. Integra a cerca de 200 entidades que reúnen aproximadamente el 98% del volumen de negocio asegurador en el mercado español. Desde 1977, representa los intereses de sus asociados frente a todo tipo de organismos e instituciones nacionales e internacionales.

Asisa ha lanzado el ‘Pack Asisa Nuevas Familias’, que combina el seguro de Salud y el de mascotas con el objetivo de ofrecer una protección integral para las familias que tienen entre sus miembros animales de compañía. Con este plan, según destaca, «Asisa da un paso más para adaptarse a las familias que han incorporado a las mascotas como un nuevo miembro que, además, ocupa cada un lugar más importante».

La entidad señala que, tradicionalmente, los seguros para mascotas se integraban en las pólizas de Hogar, tratándolos como objetos asegurables. Con esta nueva propuesta, Asisa redefine este enfoque, posicionando a las mascotas como seres vivos que forman parte de la familia y que requieren cuidados específicos.

Carlos Eiroa, director de Marca, Publicidad y Patrocinio de Asisa, explica esta iniciativa: «En Asisa hemos entendido los cambios que se han producido en las familias, a las que en muchos casos se han incorporado plenamente las mascotas como un nuevo miembro que cada día ocupa un lugar más importante. En respuesta a esta nueva realidad, Asisa es pionera en ofrecer el seguro de Salud y el seguro de mascotas en una oferta integral para cuidar a toda la familia”.

Nueva campaña

Para dar a conocer este nuevo producto, Asisa ha desarrollado una campaña que, «con un tono divertido», se compone de varias piezas audiovisuales que muestran a las mascotas como un miembro más de la familia, destacando la necesidad de cuidarlas y protegerlas como tal, dentro de la unidad familiar. 

La campaña se difundirá a través de medios digitales y en soportes físicos, además de contar con presencia en eventos deportivos clave, como los partidos de fútbol de varios equipos patrocinados por Asisa: Real Racing Club de Santander, Granada CF y Cádiz CF. Sus piezas también pueden verse en el canal de Asisa en YouTube.

La entidad concluye que «este lanzamiento refuerza el compromiso de Asisa con la innovación y la búsqueda constante de soluciones que respondan a las necesidades cambiantes de sus asegurados». 

El Informe de Ciberpreparación 2024 de Hiscox constata que, a día de hoy, en el mundo de la ciberseguridad corporativa las empresas ya no deben plantearse si serán o no ciberatacadas, sino cuándo. Y es que el 96% de las empresas españolas han sido blanco de los ciberataques en los últimos 12 meses, haya sido con éxito o se haya quedado en un intento.  Además, revela que dos tercios de las organizaciones españolas (66%), ha visto un incremento en el número de veces que ha sufrido un ciberataque y únicamente el 12% ha visto un descenso.

La entidad insiste en que el problema de la ciberamenaza en las empresas es que se comprometen sus activos más valiosos, los datos, y su continuidad, al tener que asumir costes que en ocasiones son millonarios. En este sentido, el informe evidencia una intensificación de las principales consecuencias de los ciberataques a las organizaciones españolas. Si bien por segundo año consecutivo la principal vuelve a ser la pérdida financiera debido al fraude de desvío de pagos – entendida como el desvío de fondos a través del uso fraudulento del correo -, en los últimos 12 meses más de la mitad (55%) indicó este resultado, mientras que en el ejercicio anterior fue el 38%.

Destaca además un incremento en la incidencia de los ciberataques de ransomware, en los que se impide la utilización de sistemas o equipos para después demandar un pago de rescate. Y es que el 38% de las empresas españolas ha sufrido un ciberataque de este estilo en los últimos 12 meses, frente al 23% del año anterior.

Esta misma tendencia se observa de igual manera con el resto de principales consecuencias de los ciberataques. Así, los ataques de denegación distribuida de servicio (DDoS), fueron experimentados por un 51% de las organizaciones españolas en los últimos 12 meses, en comparación con el 23% del año pasado. También el uso indebido de los recursos informáticos, indicado por un 53% este año y por un 23% el anterior; los brotes de virus no ransomware con un 46% frente al 23% el año pasado; la pérdida de datos cifrados (en la que no se han expuesto datos) con un 33%, 20 puntos porcentuales más que en 2022; y la pérdida de datos no cifrados (en la que se pueden haber expuesto datos) con un 35% de incidencia, mientras que en 2023 era del 14%.

El 52% de las empresas españolas, aseguradas

Según el informe, el ciberseguro es ya una de las medidas preventivas más importantes para las organizaciones españolas, ya que su contratación ha crecido de forma considerable en los últimos 12 meses. Y es que, si bien el año anterior el 30% afirmaba tener adquirido uno de estos productos y el 14% tenía previsto adquirirlo, este año, más de la mitad (52%) señala contar ya con la protección de un ciberseguro independiente.

“El hecho de que casi la totalidad de las empresas españolas hayan sido blanco de ciberataques, independientemente de si fueron con éxito o no, nos manifiesta que el problema de la ciber menaza no es una mera tendencia, sino una verdadera realidad para el conjunto del tejido empresarial español. Por ello y teniendo en cuenta que las consecuencias a nivel económico pueden ser muy significativas para la viabilidad de los negocios, es hoy más importante que nunca redoblar los esfuerzos en materia de prevención y formación de todos los empleados”, afirma Nerea de la Fuente, directora de Suscripción de Hiscox Iberia.

• España se sitúa por debajo de la media europea en conocimientos de finanzas.

El día  5 de octubre se celebra el Día de la Educación Financiera, una iniciativa promovida por el Banco de España y la CNMV para acercar el mundo de las finanzas al conjunto de la sociedad. Para conmemorar este día, ADECOSE -Asociación Española de Corredurías de Seguros y de Reaseguros- pone a prueba los conocimientos en esta materia mediante un cuestionario de preguntas sobre banca y seguros.

Los datos no colocan a España en un buen lugar en lo que a Educación Financiera se refiere. Según el último Informe PISA de la OECD, realizado a estudiantes de 15 años, uno de cada cuatro adolescentes españoles no tiene nociones sobre Finanzas; y más de la mitad de los ciudadanos reconoce no tener conocimientos básicos, ni saber distinguir entre el IPC o el PIB.

En este estudio, los países que encabezan el ranking son Estonia, Finlandia y las provincias canadienses, con puntuaciones de 547, 537 y 532, respectivamente. Sin embargo, la puntuación obtenida por España se encuentra 13 puntos por debajo de la media, con una puntuación de 492.

Por su parte, el Banco de España y la CNMV también han medido la comprensión de conceptos financieros a través de la Encuesta de Competencias Financieras, realizada a una muestra de la población española con edades comprendidas entre 18 y 79 años. Los resultados demuestran que casi la mitad de la población (46%) cree que sus conocimientos financieros son "bajos" o "muy bajos"; que solo el 58% de la población española comprende el concepto de inflación; y que más del 75% reconoce que debe mejorar sus conocimientos en materia financiera para optimizar la gestión de sus propias finanzas personales.

Estas cifras evidencian el bajo nivel de los españoles en nociones de finanzas, una asignatura pendiente en España que se hace más necesaria que nunca en el contexto de crisis económica que está atravesando el país, con el impacto en los ingresos y ahorros de los ciudadanos y el incremento de la incertidumbre económica propiciada por la Covid-19.

Un plan de previsión que complemente el ahorro y la inversión es clave para ganar tranquilidad

 Cuando se trata de pensar en el futuro y gestionar nuestras finanzas, es común centrarse en ahorrar, invertir y hacer crecer nuestro patrimonio para tener una buena jubilación o alcanzar metas importantes. Sin embargo, hay un elemento clave que muchas veces pasamos por alto: los imprevistos. ¿Qué ocurriría si ya no pudieras generar el nivel de ingresos actual? ¿Te has preguntado cómo quedaría tu familia en caso de que te sucediera algo inesperado?

Aunque contar con una buena estrategia de inversión es esencial, pensar en lo que puede pasar si nos ocurre algo inesperado no suele estar entre nuestras prioridades. Los seres humamos tendemos a procrastinar decisiones que nos incomodan o que tratan asuntos que vemos complicados que sucedan o nos parecen lejanos.

Solemos visualizar el futuro desde una perspectiva externa, y esto nos lleva a concentrarnos más en las necesidades inmediatas que en una planificación a largo plazo que contemple posibles riesgos. “Nos cuesta visualizar el futuro en primera persona, lo que hace que muchas veces dejemos de lado la previsión”, explica Paula Satrústegui, socia de Asesoramiento patrimonial de Abante, al hablar de por qué nos cuesta tomar ciertas decisiones y de por qué solo el 13% de los españoles tiene hecho su testamento.

¿Cómo podría aumentar este porcentaje? La clave, como comenta, pasa por entender las consecuencias futuras de las decisiones que tomamos hoy y cómo la previsión y los seguros pueden ser una buena herramienta para planificar -financiera y personalmente- y ganar tranquilidad.

Un seguro de vida para proteger a la familia

En España, solo el 42% de los ciudadanos cuenta con algún tipo de seguro de vida contratado, un porcentaje que, tal y como señalan desde Mapfre, nos sitúa a la cola en el número de contrataciones de seguros de vida respecto a otros países europeos como Francia o Alemania, que se encuentran en los primeros puestos. Además, cerca del 17% de las pólizas de seguros de vida firmadas en España están vinculadas a hipotecas.

Desde la aseguradora explican que de la encuesta realizada se desprende que los españoles que sí cuentan con un seguro de vida no sabrían especificar qué prima están pagando ni qué coberturas tienen. Además, solo el 11,8% de los encuestados valora el seguro de vida como una medida de protección familiar.

¿Por qué ocurre esto? Puede que porque no estamos pensando realmente en cómo nos puede ayudar el seguro de vida y porque lo estamos contratando de manera aislada, sin hacer un análisis previo de nuestra situación personal y financiera y sin haber calculado cuál es la cantidad que realmente necesitamos asegurar. Al contratar un seguro de vida también tenemos que ver que lo que estamos firmando tenga sentido y encaje con nuestra actual estrategia de inversión y con el resto de productos financieros que tenemos, ya que de esa forma podemos estar seguros de que estamos contratando el seguro de vida que realmente necesitamos, con las coberturas adecuadas.

Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el seguro de vida queda fuera de la masa hereditaria, lo que significa que no entra en los trámites del testamento y se puede cobrar de manera más rápida y sencilla. Esto es particularmente útil cuando la herencia puede tardar en liquidarse o cuando la familia se encuentra sin liquidez inmediata para hacer frente a los gastos asociados al fallecimiento.

Un ejemplo práctico de la importancia de este seguro se puede ver en el caso de un matrimonio con una diferencia significativa de ingresos entre ambos cónyuges. Si el que aporta una parte mayoritaria de los ingresos familiares falleciera, el impacto financiero podría ser devastador para el otro. Con un seguro de vida adecuado, el cónyuge superviviente recibiría un capital que le permitiría cubrir gastos y mantener el mismo nivel de vida durante un tiempo considerable.

Aunque es importante tener en cuenta la posibilidad del fallecimiento, no podemos olvidar los otros riesgos que pueden afectar nuestra capacidad de generar ingresos, como una incapacidad. Sufrir un accidente o enfermedad que nos impida seguir trabajando no solo afectará a nuestra estabilidad financiera, sino que también, en muchos casos, incrementará los gastos que vamos a tener que asumir con el tiempo.

Contratar un seguro de vida que cubra la incapacidad absoluta y permanente puede ser una muy buena solución para complementar los ingresos que perderíamos en caso de no poder seguir trabajando, de forma que no pongamos en riesgo el resto de nuestros planes y objetivos. Es decir, es una manera de afrontar gastos adicionales, mantener el mismo nivel de vida y seguir con el plan de ahorro e inversión que teníamos.

Hacer un ejercicio de previsión no consiste solo en planificar nuestras inversiones y ahorrar para cualquier meta. Se trata también de protegernos ante los imprevistos que pueden afectar a nuestro futuro y al de nuestra familia, desde una perspectiva global, mirando más allá de la parte financiera y teniendo en cuenta nuestras circunstancias personales y nuestro proyecto biográfico.

El Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, permite hacer efectivos los derechos consolidados en los planes de pensiones recogiendo, con carácter excepcional, como supuestos en los que se podrá disponer del ahorro acumulado en planes de pensiones, la situaciones de desempleo consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo y el cese de actividad de trabajadores por cuenta propia o autónomos que se produzcan como consecuencia del COVID-19.

Se amplían los casos en los que se podrán hacer efectivos los derechos consolidados en los planes de pensiones recogiendo, con carácter excepcional, como supuestos de liquidez en los que se podrá disponer del ahorro acumulado la situación de desempleo consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo y el cese de actividad o la reducción en un 75% o más de la facturación de trabajadores por cuenta propia que se produzcan como consecuencia del COVID-19.

Esta medida forma parte de un nuevo paquete de medidas urgentes complementarias en los ámbitos económico y social, aprobadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos económicos derivados del Estado de Alarma por COVID19, y que han sido recogidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. La medida sobre la que tratamos en este post está recogida en la Disposición Adicional Vigésima. La anterior ha sido posteriormente completada por el artículo 23 del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril.

Asimismo, los dos RD anteriores han sido parcialmente modificados por el Real Decreto-ley 16/2020 (disposiciones finales cuarta y quinta), de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que amplía la posibilidad de disponibilidad de planes de pensiones para los trabajadores  autónomos a los casos en que, sin cesar en su actividad, hayan tenido una reducción de, al menos, el 75% en su facturación como consecuencia de la situación de crisis sanitaria.